La Asociación Progresistas de Extremadura se muestra contraria a la reforma laboral y cree que en un marco de crisis económica como la actual será "inútil y no ayudará" a la creación de empleo.

La asociación extremeña se ha unido en esta opinión a Progresistas de España que considera, en nota de prensa, que el "ataque directo" a los derechos de los trabajadores con las medidas como las aprobadas por la reforma laboral "sólo contribuirán a la precariedad laboral de una clase trabajadora que hoy es la principal sufridora de una crisis no provocada por ella".

Además, Progresistas de España indica que la creación de empleo "está ligada a la situación de la actividad económica y no a las reformas laborales", por lo que estas medidas "sólo responden", en su opinión, a la "mano tendida que desde el gobierno de la nación se da a unos mercados financieros que arrodillan de nuevo a un gobierno democrático ante las exigencias de recortes en el sistema de bienestar social y los derechos laborales".

Explica la Asociación Progresistas de España que se une al pensamiento del sindicato UGT y considera que la "clarificación de las causas del despido objetivo, indemnizado con 20 días por año trabajado, pueda conllevar que se reduzca la tutela judicial en este tipo de despidos".

Por otro lado, sostiene que es "algo inaudito" que la reforma se realice en "dos tiempos", ya que "se aprueba por decreto ley pero se tramitará mediante un proyecto de ley". Además desde Progresistas creen que esta situación "hará que durante la tramitación, y una vez pasadas las elecciones andaluzas, se podrían introducir novedades que agravarán las medidas laborales anunciadas" por el Gobierno.

Por todo ello, desde la asociación a nivel nacional se llevará a cabo una campaña "constante y reiterada" en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de este país, "acompañando la movilización de los sindicatos y entes sociales".

Igualmente Progresistas de España apuesta por una serie de medidas que "posibiliten la creación de riqueza y la lucha contra la crisis económica".

Entre ellas se encuentra la apuesta por una institución financiera pública "que favorezca el crédito"; el apoyo a los emprendedores y al autoempleo, favoreciendo exenciones fiscales y de las cuotas de la seguridad social durante "los primeros meses de actividad"; o la reserva del 10% de contrataciones de la administración pública para empresas de nueva creación formadas por jóvenes, parados de larga duración o mujeres, así como otros colectivos en riesgo de exclusión social, entre otras.